Pedido Al Presidente:
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APRRA
Asociación Pluralista de Radiodifusores de la República Argentina
Avda. Lorenzo Barcala Nº 1634, Ituzaingó, Bs.As.
TEL: 011-46232359 / 1540827508
EMIAL: presidencia@aprra.com.ar
Buenos Aires, Mayo 24 de 2005.-
Sr. Presidente de la Nación Argentina
Dr. Néstor Carlos Kirchner
Su Despacho
Con el mayor respeto nos dirigimos a Ud., a los efectos de solicitarle arbitre las medidas para que se cumpla con el espíritu de la Ley 23696/89 Art. 65 , Ley ésta sancionada para legalizar las emisoras de FM en funcionamiento antes del 17 de agosto de 1989, facultando al poder ejecutivo para legalizar a estas emisoras.
En tal sentido se dicta el decreto 1357/89 creando un registro de la totalidad de emisoras que totalizaron casi 1500 en el país, unas 490 en la provincia de Buenos Aires de las cuales 290 se encuentran en la zona denominada AMBA.
Posteriormente se dicta el decreto 1144/96 en cuyos considerándoos reconoce la deuda que tiene el estado con estas radios y se decide su legalización definitiva para lo cual instruye a la Secretaria de Comunicaciones, emanándose la resolución 142-SC/96.
Pese a los altos costos económicos que significó para los radiodifusores cumplimentar los requerimientos, estos se hicieron en tiempo y forma, pero una vez más el estado entra en mora, en este caso tenemos la convicción de que la mora se produce ex profeso al cambiar el cuadro político, cuando la justicia impide que el ex presidente Menem que sea nuevamente reelecto, éste dicta un nuevo decreto el 310/98 fundado en el 1144/96, creando los llamado a concurso y habilitando de esta manera a los oligopolios de la comunicación para que puedan participar de este concurso, dejando oportunidades mínimas a los radiodifusores que motivaron la promulgación de la Ley 23696 Art.65.
El decreto 310/98 nace plagado de violaciones a la Constitución Nacional que se fueron modificando en el transcurso del tiempo a medida que se iban interponiendo amparos judiciales, resultando un esplendido negocio para el circulo vicioso de funcionarios y abogados de radiodifusión, cuando en realidad debería haber sido declarado de nulidad absoluta, por que queda claro que es contradictorio al espíritu de la Ley 23696/98 que pretendía incluir en sistema a los radiodifusores y no excluirlos para reemplazarlos por nuevos, pertenecientes al oligopolio y amigos a los cuales le entregaron como pago a futuros favores publicitarios para la campaña.
A la fecha el Estado Nacional continúa otorgando licencias de baja y alta potencia mediante el controvertido Decreto 310/98, sobre frecuencias autorizadas previamente, sin haber notificado a los permisionarios ni cancelado por causa alguna la habilitación precaria con la cual fundaron sus empresas, violando de esta manera derechos constitucionales y de pactos internacionales de rango superior.
Violación del Art. 4 del Decreto 1144/96 Art. 4º - A fin de efectuar la asignación de frecuencias y demás parámetros técnicos identificatorios de las emisoras, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES tomará como válidos los datos contenidos en los registros del COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSION y en su defecto, prevalecerán las asignaciones oportunamente efectuadas por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
El COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSION remitirá a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES la nómina de emisoras que se encuentren operativas y utilicen una determinada frecuencia en virtud de decisiones judiciales firmes, sean cautelares o definitivas.
El mencionado artículo deja en claro que primero se deberían regularizar las emisoras del registro 1357/89, pero en definitiva el poder ejecutivo ha utilizado las facultades conferidas por la Ley 23696/89 para otorgar por decreto emisoras a la Iglesia Católica y Universidades sobre nuestras frecuencias y licitar nuevas emisoras en alta potencia sin necesidad racional alguna, limitando aún mas las posibilidades de regularizar las emisoras por las cuales se promulgo la Ley. La puesta en funcionamiento de estas nuevas radios ha producido daños a esta altura irreparables.
Han transcurrido 17 años desde que comenzamos esta lucha por nuestros legítimos derechos a la radiodifusión, durante los cuales hemos recibido todo tipo de maltratos, que van desde lo psicológico hasta lo económico con allanamientos y decomiso de nuestros equipos, adquiridos a veces con la venta de alguna propiedad o el ahorro de toda una vida de trabajo honrado.
El Año 1991 con la entrega de los permisos precarios provisorios, creímos ilusamente haber entrado en el sistema, al cabo de pocos años nos dimos cuenta que habíamos entrado en el peor de los calvarios. Se nos comenzaron a exigir todos los deberes, presentación de costosos estudios y carpetas tendientes a nuestra definitiva regularización que nunca llegó y como si fuera poco debemos soportar la permanente inseguridad de nuestra permanencia en el aire. Al juzgar por los dichos de algunos funcionarios que ya no están, se nos llego a decir públicamente en un congreso que nuestros permisos estaban hasta que ellos se levanten con un ataque de hígado.
Este gobierno nos ha tratado con mayor respeto en cuanto a lo verbal se refiere, pero por otra parte a otorgado emisoras sobre nuestras frecuencias autorizadas, sin notificación alguna, sin tener en cuenta el daño ocasionado a familias enteras que sobreviven de esta actividad, desconociendo nuestros legítimos derechos adquiridos.
Distintos ha sido los mentirosos argumentos para no otorgar nuestras licencias en estos casi 17 años, entre ellos ha primado el de carácter legal de que a las licencias se debe acceder por concurso público, mientras que si nos hubieran otorgado las licencias, estarían ya próximas a vencer y quedar en disponibilidad para concursar.
Mientras tanto los licenciatarios, este puñado de empresas oligopólicas que recibieron la primera renovación automática por los periodos ya vencidos de parte del gobierno de la dictadura militar, en pago de los favores recibidos, por desinformar al país de lo que en realidad sucedía (léase informe de la CONADEP sobre el rol de los medios en la dictadura militar) hoy son premiados nuevamente con este beneficio, que impide que otros ciudadanos puedan aspirar a esas frecuencias, siendo esta una situación repetida y que a muchos ya se les ha pasado la vida esperando. Nos hace entender que no darnos las licencias en forma automática y sin mas requisitos de los hasta aquí cumplidos, esgrimiendo los derechos de otros actores a participar, es nada mas que una vil mentira, un hecho discriminatorio impulsado por quienes manejan el monopolio de la información condicionando gobierno tras gobierno para que estos les sean funcionales o viceversa.
Luego de 17 años probado está que estas emisoras no han causado daño alguno al estado ni al oligopolio, desde lo económico, ni desde lo técnico en el uso de las frecuencias que tenemos autorizadas, ya que dentro del mayor área conflictiva que se denomina AMBA se ha permitido por inacción u omisión del estado, que sobre las 290 radios con PPP se instalen unas 800 mas sin ningún tipo de autorización y algunas con potencias iguales a emisoras categoría “A” las cuales están activas desde hace mas de 7 años sin que sufran ningún decomiso como estipula la Ley, situación por demás extraña, que mas que situaciones de inacción u omisión , nos hacen pensar en maniobras de corrupción.
Por lo cual solicitamos al Sr. Presidente:
1º) se congele todo tipo de autorización de frecuencias en el espectro de 88 Mhz a 108 Mhz en las áreas conflictivas hasta tanto no se resuelvan las licencias para los radiodifusores con permiso precario.
2º) Haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley 23696 Art. 65 otorgar las licencias sin mas tramites a los radiodifusores Autorizados desde el año 1989 de igual forma como se Hizo con el credo Católico y Universidades y terminar con esta situación de radiodifusores con deberes pero sin derechos, al menos es lo que nos han hecho sentir y sufrir durante estos 17 años,
3ª) Dar curso a un pedido ya solicitado a la secretaria de Medios de la Nación para realizar un canje publicitario con la AFIP a los fines de regularizar nuestra situación de deuda con este organismo, generada debido a la grave situación económica que paso el País y las constantes interferencias de medios no autorizados que nos impiden trabajar y consolidar nuestras pequeñas empresas.
4º) Integrar las emisoras de FM de baja Potencia en el reparto de la publicidad oficial
Con la seguridad de que el Sr. Presidente sabrá interpretar nuestro justo pedido, saludamos a vuestra excelencia con la consideración más distinguida.-
Carlos A. Pizzi Ignacio Lujan San Sebastián
